
“Envié una nota a los legisladores y me presenté ante el Fiscal de Estado, porque es quien tiene la competencia para cuestionar la constitucionalidad de normas”, recordó.
Bassanetti observó que “hoy por hoy está incumplido hasta el plazo que impuso la Legislatura por ley para el primer pago que debía realizar la empresa”.
Al respecto, dijo que “hay argumentos que son difíciles de comprender” y citó como ejemplo que “el Ejecutivo puso en conocimiento de la Legislatura la prórroga del plazo de pago y el Parlamento dijo que el Gobierno debía mandar un proyecto de ley”. Y añadió: “Es cierto, hay que modificarlo mediante un proyecto de ley, pero la Legislatura también tiene iniciativa; y si sabe que el Ejecutivo formalmente fijó un nuevo plazo para el primer pago, la propia Legislatura puede confeccionar una ley modificatoria de la original”.
Asimismo, argumentó que “la Legislatura entiende que a este contrato se le debió aplicar la ley 6, que reglamenta al artículo 74 de la Constitución, que a su vez establece que el Estado contrata por medio de un proceso de selección y no en forma directa, y en qué caso cabe exceptuar el proceso de selección”.
En función de ello, en diálogo con FM del Sur planteó que “si el Parlamento considera que a ese régimen no lo va a aplicar, es porque entiende que es aplicable pero decide no aplicarlo”. Pero advirtió que “lo que no puede hacer la Legislatura es no establecer qué procedimiento de contratación va a aplicar para este caso, ya que lo exceptuó de la ley 6. Si no fija ningún procedimiento y autoriza la contratación directa, está incumpliendo ese artículo 74 de la Constitución”.
Bassanetti expresó que “acá nadie está planteando que tiene inconvenientes en industrializar el gas y nadie discute que la radicación de esta inversión en la Provincia puede ser el punto de inicio del desarrollo de polos petroquímicos”, pero opinó que “hay una cuestión primera y es que si esto se está haciendo o no de acuerdo a lo que manda la Constitución, y mucha gente cree que no”.
“Además, todos los pronunciamientos de los órganos de contralor llevan a pensar que el procedimiento de contratación directa no es constitucional”, concluyó el ex compañero de fórmula de Fabiana Ríos.
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