ARDE LA POLICIA Y RECHAZAN EL CONSEJO DEL SALARIO

Río Grande.- El pasado viernes 23 de mayo unos 900 efectivos policiales actuantes en las demandas judiciales en las cuales reclaman el blanqueo del 74% de los haberes que perciben en negro las filas policiales, procedió a impugnar la convocatoria al Consejo del Salario Policial dispuesta por el Gobierno a través de la Resolución MG Nº 242/08 del ministro Guillermo Aramburu. Si bien el personal policial aguarda actualmente novedades en relación al trámite de las 7 causas judiciales que se encuentran tramitando en el Juzgado del Trabajo de Ushuaia, no por ello el personal ha dejado de rescatar la intención puesta en evidencia por el Gobierno mediante la Resolución MG 242/08 tendiente no solo a reconocer sino también a solucionar la problemática de los pagos en negro y la evasión de aportes y contribuciones en que incurre el mismo Gobierno para con el sector policial, aunque para ello no resulte excluida de la crítica que ha realizado el personal policial en relación a los medios que han sido escogidos por la actual administración de gobierno para obtener el fin perseguido, es decir, el blanqueo de los haberes policiales.

En este sentido, entre los motivos de impugnación sostenidos desde las filas policiales, se ha manifestado la inviabilidad del Consejo del Salario en el marco legal escogido por la administración, que indica que lo que eventualmente se acuerde en el marco de la aludida Comisión del Salario no tendrá efecto vinculante alguno al no mediar una entidad sindical que comprenda al personal policial de la provincia en dicha negociación, sin perjuicio que además la convocatoria se encuentra firmada solamente por el ministro de Gobierno y se trata de una mera Resolución y no de un Decreto firmado por la Gobernadora, por lo cual, carece de todo asidero legal tal convocatoria.

Otro cuestionamiento no menos importante del personal policial se relaciona con la nulidad del procedimiento y de las condiciones que para el acto eleccionario se establecen en el Anexo I de la mentada Resolución MG Nº 242/08, a los fines de elegir a los representantes del personal policial en la Comisión del Salario, en la medida que el reglamento eleccionario resulta discriminatorio y establece exclusiones y requisitos que no guardan relación, ni proporción alguna, con el cometido y el objeto de la pretendida Comisión del Salario Policial.

El carácter profundamente discriminatorio del procedimiento eleccionario para la elección de los representantes de los trabajadores policiales que ha sido establecido unilateral y compulsivamente por la patronal, resulta de las siguientes circunstancias que pone por si sola en evidencia la resolución cuestionada.

1º.- Porque no resulta ser la parte patronal quien pueda arrogarse el derecho de organizar a la parte trabajadora, estableciendo obligaciones que la Ley Nº 735 no prevé en relación a la obligatoriedad del proceso eleccionario para elegir a los representantes en la mesa de negociaciones;

2º.- Porque no resulta ser la parte patronal quien puede excluir del proceso de elección de los representantes, a determinados trabajadores y/o grupos o sectores de trabajadores dentro de la misma actividad, a los fines de representar legítimamente los derechos salariales y/o previsionales y/o laborales de todos los trabajadores alcanzados por la negociación paritaria, como lo es el caso del personal policial flagrantemente excluido y discriminado como lo es el personal policial retirado y el personal en situación de revista en disponibilidad, además del personal que aún no cuente con 10 años de antigüedad, y por si ello no fuera poco, también se excluye al personal que se encuentre usufructuando licencias por razones de salud, con sumarios administrativos o embargos judiciales;

3º.- Porque no puede ser la parte patronal quien establezca un mecanismo eleccionario que impide la presentación de listas para la elección de los 6 representantes de los trabajadores policiales en el cuerpo colegiado del Consejo del Salario, permitiendo únicamente las postulaciones individuales del personal policial que aspire a integrar dicho Consejo, obturando y/o impidiendo y/o dificultando cualquier posibilidad de que la parte trabajadora establezca sus propias estrategias de negociación posibles;

4º.- Porque no puede ser la parte patronal quien establezca condiciones para el funcionamiento del Consejo del Salario, que impliquen una desventaja técnica para los representantes de los trabajadores policiales, en la medida que los electos, para llevar a cabo su cometido como representantes, únicamente podrán contar con la asistencia técnica, tanto jurídica como económico – contable, que será provista por la parte patronal, excluyéndose así la posibilidad de ser asistidos por profesionales de su propia confianza, tal como ocurre en los diferentes ámbitos laborales en los cuales las discusiones y negociaciones salariales normalmente se desarrollan al amparo, y con el respaldo técnico de las asociaciones gremiales.

El personal policial ha planteado su rechazo a la convocatoria al Consejo del Salario Policial aunque rescata, como se mencionaba, la intención de componer el conflicto que evidencia la resolución del ministro Aramburu, y sin perjuicio de resaltar que a pesar de esta convocatoria los actos de gobierno que hasta el momento ha puesto de manifiesto el Gobierno del ARI en 5 meses de gestión han ido claramente en la dirección contraria, si se tiene en cuenta que el primer acto de gobierno en relación al personal policial ha sido aplicar al sector un tercer aumento en negro que ha colocado a los trabajadores policiales en una situación aún más vulnerable.

Esto es así ya que con el aumento en negro otorgado compulsiva y unilateralmente por la gobernadora Ríos, el personal policial ha pasado de percibir el 60% de sus haberes en negro para el mes de diciembre de 2007, a un escandaloso 74% de sus haberes en negro a partir de enero de 2008 luego de esta desafortunada e inconveniente medida debido al consiguiente dispendio presupuestario que la misma involucra y que fuera denunciada por los trabajadores policiales organizados el pasado mes de marzo del corriente 2008 a través de las declaraciones públicas realizadas en tal sentido.

Que haciendo un poco de memoria, tales declaraciones daban cuenta que esta inexplicable decisión del actual gobierno no allana el camino hacia una regularización de los sueldos policiales, sino que va en la dirección contraria ya que al haberse incrementado a partir de enero de 2008 el volumen de los pagos en negro, también se han incrementado los costos que involucra su regularización, y por este motivo se destaca que el personal policial tiene presente que la administración a cargo de la Sra. Fabiana Ríos actualmente no podría escudarse ni justificarse en la escasez presupuestaria para eludir sus promesas electorales frente al personal policial, dado que antes de aplicar este aumento sin previo análisis, el blanqueo de sueldos no requería más que una firme decisión política en tanto no le insumía ningún nuevo costo al actual gobierno.

Para abundar, el actual Gobierno se ha presentado en dos de las demandas por blanqueo de los haberes que tramitan en sede judicial, negando y desconociendo que el personal policial tenga derecho a blanqueo y regularización alguna de sus haberes, lo que todo sumado significa que hoy por hoy el personal policial se encuentre un tanto sorprendido por la convocatoria al Consejo del Salario, ámbito donde se pretende discutir bajo condiciones compulsivas y violatorias de garantías constitucionales que no excluyen a ningún trabajador de nuestro país, el blanqueo de los haberes policiales luego de que el actual Gobierno haya ya tomado dos contundentes medidas de Gobierno en la dirección completamente contraria.

De este modo debe interpretarse el rechazo a la convocatoria del gobierno que ha efectivizado el pasado viernes el personal policial, ya que así como el personal jamás ha solicitado un aumento de sueldo, y mucho menos en negro, al mismo tiempo el personal policial ha estado dispuesto y abierto a entablar una negociación y un diálogo constructivo con las autoridades al respecto del blanqueo de sus ítems en negro, siendo que para coronar lo expuesto debe tenerse en cuenta que la actual administración de gobierno jamás dio una respuesta a los pedidos de audiencia realizados a la Sra. Gobernadora a los fines de tratar estos temas en cuestión.

Por este motivo, y no obstante el personal policial anteriormente, ahora, y en todo momento, se encuentra predispuesto al diálogo, no por ello dejará de tomar todos los recaudos y precauciones necesarias de manera de no ver comprometidos sus derechos en el marco de una convocatoria que no garantiza ni la pluralidad, ni la libertad de elección de los representantes, ni la representatividad y legitimidad suficientes del proceso de neo-paritarias al que de manera compulsiva se convoca a participar al personal policial de la Provincia sus derechos salariales en juego.

Fuente:www.p23.com.ar