El funcionario señaló que “tuvimos una reunión con el ministro de Economía y el secretario de Legal y Técnica en la que se acordó modificar el decreto 593, que en su artículo 1 dice que ahora los entes solamente deberán informar sobre si tienen fondos de libre disponibilidad o de afectación específica. Después, en el proyecto que nos mostraron se dejan sin efecto los artículos 3 al 7, por lo que el decreto queda sin contenido y es una derogación”.
Campos consideró que “se dieron cuenta de que hicieron un decreto en forma apresurada sin consultar a los entes”, por lo cual “lo que se hace ahora con el nuevo decreto es pedir a los entes las características de los fondos y en función de ello ver los pasos a seguir”. Y agregó: “Es lo que se debería haber hecho, quizás no con un decreto si no con una charla con los presidentes de cada ente lo hubiesen sacado”.
Asimismo, estimó que “esto entraría en vigencia el lunes, el proyecto está consensuado y hoy nos van a llamar para darnos una copia”.
No obstante, adelantó que “del puerto no va a salir ningún fondo porque no hay de libre disponibilidad, todos tienen afectación específica. Y creo que el IPV tiene el 100% afectado a construcción de viviendas”.
Campos recordó que “en gestiones anteriores con los ministros de Economía (Roberto) Murcia y (Raúl) Berrone se nos llamó a los entes y analizando las leyes vieron que este sistema era inaplicable y todo quedó en la nada. Por ahí ahora apresuradamente por una cuestión de caja buscaron una herramienta pero no vieron los problemas que iban a tener”.
Para el contador del puerto de Ushuaia el decreto del Gobierno “no tiene sentido” ya que los entes que manejan mayor cantidad de fondos tendrían los mismos con afectación específica. “Por eso nosotros pedimos que se derogue el decreto y después nos sentamos a dialogar para ver cómo podíamos colaborar con el Gobierno de algún modo legal. Pero este decreto intempestivo que no tiene sentido”, indicó.
En esa línea, dijo que “por ahí habrá algún fondo de libre disponibilidad, por ahí al INFUETUR le puede quedar pero hay que instrumentar la transferencia”.
Finalmente, Campos sostuvo que “mandamos una serie de propuestas sobre cómo poder colaborar dentro de una forma legal, como por ejemplo si se hacen contrataciones de obras y servicios se hagan entre entes públicos, instruir a los presidentes de los entes que no hagan plazos fijos e instruirlos para que todas las erogaciones corrientes que tengan que efectuar se realicen del 15 al 30 de cada mes, ya que la coparticipación llega a partir del 15 de cada mes”.
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