La jueza María Cristina Barrionuevo procesó al ministro de Gobierno Guillermo Aramburu en la causa penal que investiga el presunto nombramiento ilegal del actual director del Servicio Penitenciario, Carlos Debaz. Luego de la manifestación publica de Aramburu, ante los parlamentarios el ex titular del organismo, Alberto Rojas, realizo la denuncia penal, involucrando también a la gobernadora Fabiana Ríos.
La resolución determinó también el procesamiento del propio Debaz, por haber aceptado la designación a sabiendas que no cumplía con uno de los requisitos exigidos por la ley 777, como es poseer título universitario en materia penitenciaria.
En tanto, la Jueza resolvió el sobreseimiento de la Gobernadora, que también había sido indagada en la causa.
En el caso de Ríos, la jueza consideró que si bien firmó el decreto, no estaba al tanto de los detalles del nombramiento. Para esta postura contribuyó la declaración indagatoria prestada por el ministro, quien se hizo personalmente responsable de lo actuado y explicó por qué según su criterio no se había cometido ninguna ilegalidad.Además, trascendió que en el expediente de la designación no consta un dictamen de la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno, lo que podría haberle dado a la Gobernadora un conocimiento más minucioso del acto que se disponía a rubricar.
Tanto Aramburu como Debaz fueron considerados autores “prima facie” responsables del delito previsto en el artículo 253 del Código Penal. Allí se tipifica como una actividad delictiva la designación por parte de una autoridad, de otro funcionario público “en quien no concurrieren los requisitos legales”. Y como la misma figura involucra “al que aceptare el cargo para el cual no tenga los requisitos legales”, el caso alcanzó al propio Devaz.
La denuncia había sido formulada en mayo de este año por el ex titular del Servicio Penitenciario, nombrado en esta misma gestión, Alberto Rojas, quien fue separado del cargo luego de haber denunciado públicamente la falta de recursos económicos para llevar a cabo sus objetivos funcionales.
La denuncia también mencionaba a la actual secretaria de Seguridad, Graciela Argüello, aunque la Justicia comprobó que no había tenido ninguna participación concreta en el expediente de Debaz.La resolución de primera instancia dictada ahora puede ser recurrida ante la Cámara de Apelaciones de la Provincia.
Actualidad TDF
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