SCIURANO SE SALIÓ CON LAS SUYAS

La Cámara de Apelaciones finalmente resolvió en el recurso presentado contra la decisión del juez Guillermo Penza de hacer lugar a una medida de no innovar que impidió continuar con el desarme de una casa en construcción en un terreno fiscal municipal.
Se trata de la obra que edificaba un matrimonio integrado por un médico y una docente, que entre ambos sumaban ingresos mensuales superiores a los 13 mil pesos y que paralelamente alquilaban una casa en la ciudad.El 30 de enero último, la Municipalidad comenzó el desarme de la edificación en cuestión –en la zona del Valle del Río Pipo- tras las intimaciones pertinentes.

El matrimonio justificó la usurpación en que el Estado no les había dado "una casa de servicio" y que le compraron el terreno "a una antigua pobladora".

La vivienda, que había sido cerrada en techos y paredes, estaba en proceso de obra de interiores por lo que aún carecía de pisos, de cielorrasos, de revestimientos en las paredes interiores, de aislantes y gran parte de la tabiquería interior en materia de separación de ambientes.Esto impedía ser habitada, por lo que los dueños de la obra vivían por ese entonces en la calle Fuegia Basquet 172, donde alquilaban un inmueble de dos plantas a través de una conocida inmobiliaria de la ciudad.Sin embargo, la pareja y sus hijos estaban dentro de la construcción -de unos 144 metros cuadrados- al momento de producirse el operativo y esgrimieron que ya estaban viviendo ahí.Según información recabada por el Municipio, el hombre era médico del Hospital Regional Ushuaia y percibía una remuneración bruta mensual de $ 10.700 pesos; y su esposa docente del Colegio Don Bosco, donde cobraba algo más de $ 3000.

De esta manera, el caso tampoco pudo ser encuadrado dentro del grupo de familias afectadas por la crisis habitacional y social que vive la ciudad. La medida ejecutiva encarada por el intendente Federico Sciurano -que se había dado cita en el predio- no fue objetada por los concejales José Luis Verdile, Juan Luna y Omar Coria, quienes se presentaron en el lugar por pedido de los vecinos; como tampoco, en principio, por el propio juez Penza, quien arribó al lugar por requerimiento del abogado de la familia y se retiró diciéndole a Sciurano: “proceda”.

Sin embargo, Penza en horas de la tarde de ese día hizo lugar a una medida de no innovar presentada por los usurpadores, la que el Municipio acató suspendiendo el desmantelamiento de la casa.La medida fue apelada por las autoridades municipales y tras cuatro meses de espera, la Cámara de Apelaciones, en una resolución que firmaron los jueces Francisco Justo de la Torre y Ernesto Löffler determinaron "admitir el recurso de apelación interpuesto por la demandada, Municipalidad de Ushuaia".