BIENVENIDO AL CLUB DE LOS POLITICOS NECIOS, RODOLFO FEHRMAN PTE DEL TCP

El contador Rodolfo Fehrman, presidente del Tribunal de Cuentas aseguró que el decreto del Ejecutivo que impulsa la unificación de fondos de entes autárquicos tiene una base legal que es la ley de administración financiera 495 que prevé la integración de un sistema como el que se propicia en el decreto. Con ese respaldo existe esa legalidad y legitimidad. No obstante, adelantó que desde el Tribunal hemos impulsado una verificación de aspectos jurídicos relacionados con leyes orgánicas o de creación de entes descentralizados donde podría haber alguna colisión de normas.
PERO EN EL 2006 EL TCP LUEGO DE QUE NUÑES/DEGAETANO TRANSFIRIERAN AL GOBIERNO 3 MILLONES DE PESOS DE LA CUENTA DEL PUERTO SUPUESTAMENTE PARA ARREGLO DE ARAVA, VIOLANDO LA LEY 69 Y EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE PUERTOS NACION-PROVINCIA Y DESCONOCIENDO EL DICTAMEN LEGAL DEL LETRADO DE LA DIRECCION DE PUERTOS QUE NO AUTORIZABA ESA OPERACION , EN ESE MOMENTO 2 AÑOS ATRAS EL TRIBUNAL DE CUENTAS OPINABA LO CONTRARIO AL ILUMINADO RODOLFO FERMHAN Y SANCIONABA A LOS RESPONSABLES DE ESA VIOLACION DENTRO DE SU ALCANZE INSTITUCIONAL.


EL DIARIO DE EL FIN DEL MUNDO DEL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2006, INFORMABA SANCION AL PTE Y VICE DE LA DPP.
ESTO DECIA LA NOTA:
(Lo resaltado en rojita tiene que ver con la violacion de la ley de puertos)

El Tribunal de Cuentas sancionó con multa al Presidente y al Vicepresidente de la Dirección de Puertos por el préstamo de 3 millones otorgado al Gobierno, para poder cancelar los gastos de reparación de los dos aviones sanitarios. Para el órgano de contralor no existiría perjuicio fiscal. Se puso en conocimiento de lo actuado a la Justicia, ya que no se descarta la existencia de algún tipo de delito penal.

El convenio de préstamo con garantía de fideicomiso por 3 millones de pesos entre la Dirección Provincial de Puertos y el Gobierno dio lugar a que el Tribunal de Cuentas sancionara al Presidente y al Vicepresidente del organismo descentralizado "por las transgresiones legales y reglamentarias" en las que incurrieron al autorizar la operación financiera bajo análisis. Aún cuando se indica que "no surge de las actuaciones la existencia de perjuicio fiscal", desde el órgano de control se dispuso "poner en conocimiento de todo lo actuado al Ministerio Público Fiscal" por entender que el objeto del préstamo "excede el ámbito legal de competencia de la DPP, pudiendo configurar dicha conducta un delito tipificado en el Código Penal, quedando en su caso, su calificación a cargo del Juez competente...".

Para fines del pasado mes de abril, Gobierno solicitó a Puertos el otorgamiento de un préstamo de hasta 3 millones de pesos reintegrables en 12 cuotas mensuales y consecutivas, con una taza anual del 6%, para ser imputado a sufragar los gastos de reparación de las aeronaves LearJet 35 y Arava 102 de propiedad de la Provincia".

Durante los primeros días de mayo, y sin que se hubieren cumplido los pasos administrativos de rigor, Oscar Núñez y Salvador De Gaetano (Presidente y Vice de la DPP) autorizaron transferir, a modo de adelanto, 1 millón de pesos a la Cuenta General de Gobierno. Posteriormente, para fines de ese mismo mes la Dirección de Puertos recién dicta la resolución que autoriza la aplicación de fondos en activos financieros, depositados en el BTF, mediante un contrato con garantía de fideicomiso por 3 millones de pesos con el Gobierno.

Para los auditores fiscales del órgano de control y los vocales del Tribunal de Cuentas, "el trámite fue seguido evadiendo el control previo que debe tener los actos que dispone fondos públicos, ya que el expediente fue remitido con posterioridad a ser efectuada la primera transferencia", lo que resulta ser "un apartamiento de la normativa aplicable". Además se indica que las autoridades de la DPP realizaron la "transferencia de fondos sin consultar a su órgano de asesoramiento legal si tal operación era legalmente viable", y que cuando el Asesor Letrado del organismo lo hizo emitió opinión "desfavorable desde el punto de vista técnico-jurídico".

Por otra parte, se cuestiona la falta de "imputación presupuestaria previa que respalde la disposición de los fondos transferidos". Este último aspecto, la falta de reflejo presupuestario de cerca de 8 millones de pesos para el ejercicio 2006 ya le había valido a las autoridades portuarias un fuerte reprimenda legislativa.Desde el órgano de control se consideró totalmente inapropiado que el presidente de la DPP en su descargo pretendiera disculpar "la falta de acto administrativo previo" que autorizara el débito bancario a favor del Gobierno "aludiendo a razones de urgencia para evitar un perjuicio para la provincia tanto económicamente como en política sanitaria", ya que esas "competencias" son "ajenas al organismo portuario".

Se sostiene que de la ley de creación de la Dirección de Puertos "no surge, ni siquiera de manera implícita, las facultades pretendidas y llevadas a cabo a través del citado convenio de mutuo, desorbitando el ámbito de legalidad y competencia del ente autárquico".

La tarea de control llevada adelante por el Tribunal ha determinado que de las actuaciones no surge "la existencia de perjuicio fiscal", ya que los fondos en cuestión deberían volver a estar en poder de la DPP cuando venza el plazo fijado para la devolución del préstamo; lo que debería ocurrir en mayo de 2007. De todas maneras, ante la constatación de la existencia de claras transgresiones legales y reglamentarias se sancionó a Núñez y De Gaetano con la imposición de una multa equivalente al 5% de la remuneración bruta mensual percibida por los mencionados agentes (300 pesos para le presidente y 250 pesos para le vicepresidente), excluidas las asignaciones familiares.

Pero, teniendo en cuenta que el objeto del préstamo excede el ámbito legal de competencia de la DPP se dispuso "poner en conocimiento de lo actuado al Ministerio Público Fiscal", ya que la conducta seguida por los mencionados funcionarios puede "configurar un delito tipificado en el Código Penal", por cuanto se podría estar ante una potencial malversación de fondos públicos.

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