CARTA COMPROMISO DEL ARI

CARTA COMPROMISO

"1) Vamos a gobernar con criterios severos en orden a la preservación de una administración honesta; porque ante hechos que puedan poner, fundadamente, en duda ese presupuesto esencial para el ejercicio de la autoridad pública, la respuesta no se limitará sólo a la que es propia de la competencia de los jueces (con el remanido argumento de: “ESTA EN MANOS DE LA JUSTICIA”). La misma Administración, con la celeridad que posibilitan sus procedimientos, suspenderá y expulsará a cualquier funcionario que con su conducta, lesione gravemente la necesaria credibilidad que deben tener las instituciones . Porque no confundimos el objeto del Derecho Penal, con el que tienen en mira las normas administrativas.

2) Tampoco confundimos ese presupuesto –de honestidad y transparencia-, necesario para asegurar una gestión inclaudicable en la defensa del bien común, con el objeto sustancial del gobierno:

a. Afianzar las instituciones republicanas;

b. Promover la intervención de la ciudadanía en los asuntos de Estado, conforme las disposiciones constitucionales;

c. Asegurar, para todos los habitantes del territorio provincial, el reconocimiento concreto de las condiciones de vida inherentes a la dignidad del hombre;

d. Alcanzar la justa distribución de la riqueza. e. Procurar en forma permanente el desarrollo económico, para el progreso de la cultura y el conocimiento.

Y somos tan capaces de construir con esas metas, que los representantes políticos del ARI, que vienen desempeñando mandatos populares, ya desarrollaron y promueven los proyectos sobre políticas especiales del Estado, necesarios para el desarrollo de una sociedad basada en estos principios. Trabajo que las actuales prácticas legislativas inconstitucionales, frustran y condenan al silencio. Claro: se trata de proyectos que conmueven los intereses del continuismo, de la protección personal de quienes manejan hoy la cosa pública.

Qué son, sino programas específicos para las áreas de gobierno, los proyectos sobre “Ley de Pesca”, “ Ley de Salud”, “Reglamentación de la iniciativa popular”, “Código Fiscal”, “Modificación del Consejo de la Magistratura”, “Ingreso de equiparación de oportunidades para la Niñez”, “Sistema Provincial de Medios de Información Públicos”, “Régimen de contrataciones del Estado”, “Fondo Residual”, “Tribunal Administrativo Laboral”, “Protección integral de los derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y sus familias”, “Plan Provincial para el desarrollo y la explotación de los recursos naturales de la Provincia”, “Aprovechamiento racional de los yacimientos de turba” (para citar sólo algunos, entre los más recientes).

3) Resulta patético oír las advertencias de muchos viejos conocidos, cuando nos dicen que sólo ellos saben gobernar.

Si lo que pueden mostrar como resultado de la tarea de gobierno (los que “saben gobernar”), es lo que nos toca vivir desde hace dos décadas a esta parte, estamos tentados a declarar que el ARI no sabe, ni sabrá, gobernar.

Es que, en realidad, lo que entiende la partidocracia electoralista por “autoridad de gobierno”, no es otra cosa que la imposición plena de su voluntad y por cualquier medio; voluntad, de ordinario, en franca contradicción con los reclamos y necesidades de la ciudadanía. Por eso legislan a escondidas y quieren mendicantes, no ciudadanos.

Y nos quieren hacer creer que eso es saber gobernar.

El ARI no sabe de ese “gobierno”, porque ya ha presentado y sostiene proyectos institucionales que buscan conferir plenitud al derecho a elegir (con un piso razonable para que opere el sistema de tachas, con la reglamentación del derecho de preferencia); proyectos que buscan establecer la necesidad de afrontar tanto beneficios como costos políticos, propios del ejercicio de la función pública (con su postulación de renovación de la Legislaturas por mitades cada dos años y de las reformas que facilitan la operatividad del precepto que prevé la revocatoria de mandatos); iniciativas que someten a debate público las decisiones legislativas (con la reforma del Reglamento de la Cámara, para que los proyectos que cuenten con apoyo de tres o más legisladores deban ser tratados en sesión, y la reglamentación sencilla del derecho de iniciativa popular); con la voluntad de implementar un procedimiento ágil de consulta, con herramientas informáticas; con proyectos que convocan a la ciudadanía a intervenir en los procedimientos de control de la función pública.

Exponemos estas afirmaciones, que importan compromisos expresos, que ciñen nuestro quehacer político, por escrito y con nuestra firma. En la hora del cumplimiento, no podremos alegar que fuimos mal entendidos o sacados de contexto.

Fabiana Ríos-Carlos Bassanetti"