El juez federal Claudio Bonadío procesó hoy, sin prisión preventiva, a Roberto Larosa, quien fue detenido, en el mes de abril último, cuando fue encontrado semioculto en dependencias del ministerio de Economía. Se le imputó los delitos de violación de domicilio y hurto "agravado por el uso de falsa llave” y embargó sus bienes en cinco mil Pesos.El intruso fue sorprendido en la noche del 16 de abril último cuando se hallaba oculto debajo de un escritorio en el despacho del subsecretario de Presupuesto del Ministerio, Raúl Rigo, donde había ingresado con llaves propias tal como se puede apreciar en el video obtenido por las cámaras de seguridad del Palacio de Hacienda.
Las fuentes recordaron que Larosa se presentaba como "economista especializado en temas fiscales y presupuestarios” y en ese carácter fue contratado por el senador fueguino José Martínez y se desempeña como asesor "ad honorem” del diputado Claudio Lozano.En el marco de la investigación el magistrado allanó las consultoras Ecolatina, con la que aparece vinculado ex ministro Roberto Lavagna; los economistas Miguel Ángel Broda y Carlos Melconian, el Banco Santander Río y la empresa AYSA, de esta Capital.
Los procedimientos, indicaron los informantes, obedecieron a que en un procedimiento judicial realizado en la vivienda del "intruso” se hallaron talonarios de facturas (por importes que oscilan entre los 700 y los 1.500 pesos) a diversas consultoras a las que, presuntamente, proveía información.
En el desarrollo de la pesquisa Bonadío tomó declaración testimonial a funcionarios del Palacio de Hacienda y personal de seguridad de esa dependencia quienes revelaron la forma de acceso del personal y los visitantes al Ministerio de Economía.De acuerdo a testimonios reunidos en el expediente el "modus operandi” de Larosa consistía en "hacer llegar a las consultoras cifras vinculadas a ingresos y gastos del sector público” en las que "adelantaba lo que luego se comunicaba oficialmente”."Jugaba contra el reloj”, afirmaron los informantes quienes indicaron que el procesado hacía llegar a las empresas que contrataban sus servicios la información que se conocería "algunas horas después” lo que significaba para las consultoras "un plus” de crédito con sus clientes.
En una resolución de 64 carillas el magistrado concluyó imputando a Larosa la figura prevista en el artículo 150 del Código Penal que reprime con prisión de seis meses a dos años quien "entrare en morada o casa de negocio ajena”.La misma pena alcanza a quien lo hiciere "en dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.
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