La supuesta conexión aérea estaría siendo realizada desde una pista de la ciudad de Sierra Grande, de propiedad vinculada al magnate inglés Charles 'Joe' Lewis, inaugurada en 2008 para vuelos civiles. El puerto aéreo está estratégicamente ubicado, a escasos mil metros del mar, en el área del paralelo 42, a menos de dos horas de vuelo de las Malvinas y en una zona de seguridad de frontera. Hasta aquí nada parece irregular. Sin embargo, la semana pasada el Gobierno fueguino sorprendió al exigir formalmente a la ministra Nilda Garré explicaciones sobre presuntos vuelos con matrícula extranjera que realizarían empresarios hacia las islas Malvinas. La gobernación solventó sus argumentos en informes de inteligencia a los que habría tenido acceso recientemente.
El dato no es menor. Inglaterra está en Malvinas para explotar el petróleo y la pesca, pero debido a que está a más de 14.000 km de distancia, para poder operar y hacer rentable su ocupación necesita que haya vuelos y puertos desde el continente sudamericano hacia las islas. Los vuelos se realizarían sin control ni autorización de la Fuerza Aérea ni de la Armada Argentina entre Malvinas y el aeropuerto privado de Bahía Dorada, propiedad de Nicolás Van Ditmar, ligado a Lewis, en Lago Escondido.
Esa falta de control se debe a dos razones: por un lado, no hay radares en el área que permitan detectar el tráfico aéreo (sólo existe uno en Bariloche); y por el otro, desde julio de 2009 el control de la aviación civil dejó de ser responsabilidad del Ministerio de Defensa.
Al margen de la información de inteligencia que dice tener el Gobierno fueguino, este enrarecido escenario fue denunciado varias veces por ciudadanos de Sierra Grande, que aseguran haber observado helicópteros y aviones de color oscuro que estarían operando desde ese aeropuerto. La legisladora de la CC-ARI Magdalena Odarda presentó varios recursos a través de la Legislatura de Río Negro solicitando al Ministerio de Defensa de la Nación y de la Fuerza Aérea Argentina que se realice un informe detallado con respecto al aeródromo privado de la firma Bahía Dorada SA.
Como primera respuesta, la ministra Garré reconoció la ausencia de radares en la zona y confirmó que su ministerio dejó de tener potestad sobre los vuelos civiles, actividad que hoy recae en la Autoridad Nacional de la Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Planificación de Julio De Vido. En ese sentido, Odarda subrayó que, de ser cierto, entre otras cosas se estaría infringiendo además la ley de fronteras. "El aeródromo se encuentra en la zona de Puerto Lobos, cercana a Sierra Grande, y está autorizado por la Fuerza Aérea Argentina en esta zona de seguridad de frontera, con el agravante de que no existirían radares que controlen las operaciones", dijo la legisladora.
También el diputado nacional de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán se hizo eco de la preocupación y elaboró un pedido de informes para, entre otros puntos, saber "qué medidas fueron adoptadas para salvaguardar la defensa nacional y el interés público", según publica hoy 'Ambito Financiero'. "No es de menor importancia el hecho de que el aeropuerto esté en dominio de ciudadanos ingleses y tenga conexión directa hacia las islas Malvinas", insistió en su reclamo al Gobierno nacional.
El portal de noticias www.patagoniawouk.com.ar, había asegurado que un jet con matrícula extranjera voló sin autorización ni control de la Fuerza Aérea ni de la Marina Argentina, hecho que llevó a la gestión que encabeza Ríos a solicitarle a Nación ratifique o rectifique la información difundida. La aeronave que más frecuentemente opera esa pista, es un moderno tri–reactor Dassault Falcon 900, con capacidad de transporte para 20 pasajeros más tripulación; el cual fue repintado y desde el 8 de abril del presente año, opera con la Matrícula de origen alemán, D–AWKG.
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