“ARGENTINIZAR NO ES RE-ESTATIZAR”

Comenzaron ayer las negociaciones entre el grupo español Marsans y el empresario argentino Juan Carlos López Mena por la venta del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas.
El Gobierno Nacional denominó la entrada de un socio local a la compañía como “argentinización” de la aerolínea, como si la operación simulara una especie de estatización. Pero lo cierto es que, ya sean en manos españolas o argentinas, los destinos de los usuarios aerocomerciales seguirán regidos por los designios de empresarios y no del Estado Nacional.

“Esta historia que empezó con la privatización de Menem en los ‘90 no se resuelve con reprivatizaciones permanentes bajo las mismas reglas liberales. Argentinizar no es re-estatizar”, dijo el diputado del ARI Leonardo Gorbacz.

Si bien el Gobierno Nacional pretende aumentar de un 5 a un 20% sus acciones en la empresa, este incremento no se traducirá en un mayor control de lo que hace a la prestación del servicio, ya que las decisiones de peso continuarán en manos del socio mayoritario.

El parlamentario consideró que: “la política aerocomercial del Gobierno no es clara. El Estado invierte, a través de la compra de acciones y de subsidios de diferente índole, millones de pesos en una compañía en la cual no decide nada”.

Nada hace entrever que el Gobierno aspire a una mejora del servicio, ya que, los organismos encargados de fiscalizar el desempeño de las aerolíneas se encuentran totalmente acéfalos, la Secretaría de Transporte Aerocomercial fue desmantelada y la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) no se encuentra todavía conformada. Sumado a esto, el Ejecutivo vetó de la Ley de Defensa del Consumidor el artículo que contemplaba los derechos de los usuarios de servicios aerocomerciales.

Como si la falta de respuesta del Ejecutivo a los abusos de Aerolíneas para con los usuarios fuera poco, el Poder Judicial parece tampoco hacerse eco de la problemática.

El Juez Federal Enrique Lavie Pico, que entiende en el amparo presentada por los diputados del ARI contra Aerolíneas Argentinas y el Estado Nacional por la cancelación de vuelos a la ciudad de Río Grande, parece dilatar una y otra vez su decisión en relación a la causa, que lleva más de dos menos y medio en trámite.