Carlos Almirón, representante del sector azul de del gremio estatal señaló que “no salimos conformes de esta reunión”.
El jueves está previsto la realización de sendas asambleas en Río Grande y Ushuaia, para que el plenario de trabajadores ratifique el acta firmada y decida si levanta o no las medidas de fuerza. Desde el sector sindical se reclamó, además de un aumento salarial de emergencia de 500 pesos al básico, que se deje sin efecto el descuento de haberes a los agentes que adhirieron a la retención de tareas, y la necesidad de articular una estrategia de control de precio de los productos de la canasta básica. Almirón se mostró esperanzado de que “con la posible conformación de esta comisión de análisis del presupuesto y de la estructura orgánica, que nosotros entendemos se amplió respecto de la anterior gestión, se podrían rescatar recursos para hacer frente a alguna recomposición salarial”.
En cuanto a la mejora salarial reclamada, el Gobierno planteó la imposibilidad material de afrontar el aumento salarial hasta tanto no exista un real incremento de los ingresos públicos. Además ratificó su postura de que toda discusión salarial debe circunscribirse al procedimiento de negociación colectiva.
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