Tierra del Fuego:
El resultado de la investigación realizada por el Tribunal de Cuentas sobre tres expedientes de obras de refacción y reparación de establecimientos educativos de la provincia arrojó, en todos los casos, la existencia de presunto perjuicio fiscal por una cifra global superior a los 125 mil pesos.
En las tres obras evaluadas se detectó la existencia de diversas irregularidades que podrían haber generado que el Estado mal pagara un 54% de los 231 mil pesos presupuestados para realizar esos trabajos. Se hace especial hincapié en la existencia de una resolución del Ministerio de Obras Públicas, al 26/07, que entender del órgano de control permitiría eludir “la totalidad de los controles previstos en la legislación vigente”.
El caso paradigmático de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas lo constituye, sin lugar a dudas, la de “sustitución de solado en el sector SUM y sectores varios del Jardín Nº 7” de Ushuaia.
En la obra en cuestión, una empresa fue contratada para colocar 430 metros cuadrados de baldosones de goma. El relevamiento realizado detectó que el espacio a intervenir tenía una superficie de 329 metros; casi 101 metros menos que previstos en la contratación.
A esta diferencia del orden del 25% de superficie se le agrega que el material utilizado fue de menor calidad que el requerido en el informe, y que además el trabajo fue mal realizado. Por ello se concluye que la obra no debería haberse decepcionado, pero como así se hizo “la totalidad del monto contratado (92,5 mil pesos) se debería considerar perjuicio fiscal”.
Se hace notar además otra particular circunstancia, que consiste en que el socio gerente de la empresa constructora es el padre del Jefe de Departamento Inspecciones y Emergencias del ministerio de Obras Públicas, que es quien firma el final de obra.
En las tres obras evaluadas se detectó la existencia de diversas irregularidades que podrían haber generado que el Estado mal pagara un 54% de los 231 mil pesos presupuestados para realizar esos trabajos. Se hace especial hincapié en la existencia de una resolución del Ministerio de Obras Públicas, al 26/07, que entender del órgano de control permitiría eludir “la totalidad de los controles previstos en la legislación vigente”.
El caso paradigmático de las irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas lo constituye, sin lugar a dudas, la de “sustitución de solado en el sector SUM y sectores varios del Jardín Nº 7” de Ushuaia.
En la obra en cuestión, una empresa fue contratada para colocar 430 metros cuadrados de baldosones de goma. El relevamiento realizado detectó que el espacio a intervenir tenía una superficie de 329 metros; casi 101 metros menos que previstos en la contratación.
A esta diferencia del orden del 25% de superficie se le agrega que el material utilizado fue de menor calidad que el requerido en el informe, y que además el trabajo fue mal realizado. Por ello se concluye que la obra no debería haberse decepcionado, pero como así se hizo “la totalidad del monto contratado (92,5 mil pesos) se debería considerar perjuicio fiscal”.
Se hace notar además otra particular circunstancia, que consiste en que el socio gerente de la empresa constructora es el padre del Jefe de Departamento Inspecciones y Emergencias del ministerio de Obras Públicas, que es quien firma el final de obra.
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