La Fiscalía de Estado declaró -a través de la resolución 74/07, del 15 de noviembre pasado- la "nulidad absoluta" del decreto provincial 2968/07 emitido por el Gobernador Hugo Cóccaro para suspender en sus funciones a la Tesorera General Andrea Ontoria, y solicitó al Mandatario Fueguino "proceda a la derogación" de la polémica normativa. La medida dispuesta por el Fiscal adjunto, Ricardo Francavilla, -a instancias del legislador del ARI Manuel Raimbault, que fue quien solicitó el control de legalidad del decreto- está en consonancia con la resolución 194/07 del Tribunal de Cuentas, del 12 de noviembre, estableciendo que la suspensión de la funcionaria "carece de amparo normativo". Entre los argumentos de la Fiscalía de Estado para plantear la nulidad del decreto que suspende a Ontoria, figura el hecho de que la normativa vigente prevé "un sistema de remoción (del Contador y el Tesorero de la Provincia) que tramita exclusivamente ante la Legislatura Provincial", e inclusive exige "una mayoría agravada" consistente en un mínimo de votos de dos tercios de los miembros de la Cámara "para concretar" tal decisión.viernes, noviembre 16
LA FISCALIA DECLARÓ NULO EL DECRETO QUE SUSPENDE A LA TESORERA GENERAL.
La Fiscalía de Estado declaró -a través de la resolución 74/07, del 15 de noviembre pasado- la "nulidad absoluta" del decreto provincial 2968/07 emitido por el Gobernador Hugo Cóccaro para suspender en sus funciones a la Tesorera General Andrea Ontoria, y solicitó al Mandatario Fueguino "proceda a la derogación" de la polémica normativa. La medida dispuesta por el Fiscal adjunto, Ricardo Francavilla, -a instancias del legislador del ARI Manuel Raimbault, que fue quien solicitó el control de legalidad del decreto- está en consonancia con la resolución 194/07 del Tribunal de Cuentas, del 12 de noviembre, estableciendo que la suspensión de la funcionaria "carece de amparo normativo". Entre los argumentos de la Fiscalía de Estado para plantear la nulidad del decreto que suspende a Ontoria, figura el hecho de que la normativa vigente prevé "un sistema de remoción (del Contador y el Tesorero de la Provincia) que tramita exclusivamente ante la Legislatura Provincial", e inclusive exige "una mayoría agravada" consistente en un mínimo de votos de dos tercios de los miembros de la Cámara "para concretar" tal decisión.
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