La Asociación de Establecimientos Públicos de Gestión Privada reclamó al Gobierno provincial la cancelación de los aportes para hacer frente al pago de los salarios del personal docente. Se trata de deudas por incrementos salariales vigentes y aportes correspondientes a septiembre y octubre. Al respecto, Horacio Vedia, directivo del CIEU, explicó que “la situación es muy complicada” y, en caso de no normalizarse el envío de fondos, algunos establecimientos corren el riesgo de cerrar sus puertas definitivamente en 2008.El directivo reseñó que “en forma unilateral el Gobierno de la Provincia acordó incrementos salariales con el SUTEF que fueron bastantes considerables”, y como los establecimientos públicos de gestión privada “están obligados a pagar lo mismo que el Estado le paga a sus docentes, si el subsidio que el Estado está obligado a aportar no llega en tiempo y forma las dificultades económicas son bastante significativas”.
Esto provocó que “a lo largo del año atrasos significativos en el pago a los docentes”.
Vedia afirmó que “cada establecimiento tiene una situación particular. Cuando se habla que el Estado paga subsidios pareciera que se trata de todo el personal y no es así, el Estado paga un monto para el salario de los docentes de acuerdo a una planta funcional que el mismo Estado define”.
“Por ejemplo, nuestro colegio es de doble jornada y tiene una estructura curricular diferente a la de uno de jornada simple. Pero el Estado nos subsidió una planta funcional de jornada simple y no están contemplados determinados cargos, continuó.
Y añadió: “Para nosotros la diferencia que hay entre el monto real de lo que se debe pagar en salarios y el monto del subsidio es bastante significativa. Y de la planta funcional que tenemos tampoco cobramos un 100% sino un 80%”.
Para Vedia, “la cuestión no está en la diferencia entre lo público y lo privado, sino en la aplicación eficiente de los recursos que se destinan a la educación pública y a la educación privada. El Estado debería hacer un estudio sobre cuánto le cuesta un alumno de un establecimiento público y otro de uno privado”.
Ante este panorama de cara a 2008 “la situación es muy complicada, las escuelas tienen que dar cumplimiento a las escalas salariales que acordó el Gobierno con los sindicatos, y por otro lado no cierran los costos operativos porque el Estado no cumple”.
Por último, advirtió que “esto compromete muy seriamente la continuidad de algunos establecimientos, lo que implicaría incluso hasta el cierre definitivo de algún establecimiento. Y no creo que el Estado esté en condiciones de hacerse cargo de los 9.000 alumnos del sector privado”.
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