La Tesorera General de la Gobernación, Andrea Ontoria, denunció hoy penalmente al gobernador Hugo Cóccaro y a integrantes de su gabinete, luego de que la suspendieron del cargo por negarse a firmar libramientos de pago que implicaban la utilización de fondos con destino específico. Ontoria reveló que los pagos por $41 millones se hicieron igual sin su firma, y aseveró que la provincia está quebrada, que en el Tesoro provincial quedan solo $4 millones cuando se necesitan $54 millones para el pago de sueldos de noviembre y que la Nación dejó de gotear coparticipación porque empezó a descontar los adelantos gestionados en los últimos meses. De acuerdo a la denuncia de la funcionaria de Cóccaro, el Gobierno le echó mano sin su consentimiento a todo tipo de recursos que tiene vedados por ley, entre ellos $2 millones destinados al funcionamiento de los hospitales regionales, varios millones de los Fondos Crece y hasta $40 mil de la recaudación de las multas por las inspecciones que realiza la Subsecretaría de Trabajo.
Ontoria también se habría negado a autorizar órdenes de pago con Letras de Tesorería sin tener en cuenta las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado, en relación con la certificación de legitimidad de las obligaciones (si las obras o servicios se cumplieron y si los contratos fueron por montos razonables). Sin embargo, la gestión de Cóccaro empezaría el lunes a efectuar los pagos con las Letras, sin cumplir con ninguno de esos requisitos. Sobre los motivos formales de la suspensión de Ontoria, el gobernador ya tendría a la firma un decreto donde le adjudicaría a la funcionaria el supuesto acoso laboral de un empleado y que se haría eco de observaciones a su desempeño realizadas por el Tribunal de Cuentas.
La mujer aduce que ambas imputaciones constituyen una maniobra para ocultar la verdadera razón de su apartamiento, relacionada con su negativa a admitir el uso de recursos prohibidos. Cuando se enteró de la suspensión, Ontoria no perdió tiempo y hoy a la mañana se presentó en el edificio de Tribunales de Monte Gallinero, acompañada del legislador de ARI Manuel Raimbault. Allí declaró durante seis horas, entre las 11 y las 17.
La denuncia fue recepcionada por los fiscales Daniel Curtale y Guillermo Massimi, y de inmediato se labró una causa penal en la que interviene el juez Javier De Gamas Soler. Si bien no hay una carátula definida, figuras delictivas como peculado, administración fraudulenta y malversación de fondos son algunas de las que evalúan las autoridades judiciales.
Por su parte los principales funcionarios de la gestión electa del ARI ya están al tanto de la situación y no se descarta que el lunes, cuando la gobernadora electa Fabiana Ríos llegue a Ushuaia, se convoque a una conferencia de prensa para dar a conocer un pronunciamiento político sobre lo ocurrido. Ríos también hará una denuncia ante la Fiscalía de Estado para que se investigue la legitimidad del llamado a licitación que realizó Cóccaro para concesionar áreas petroleras antes de la finalización de su mandato, en otra maniobra que podría tener derivaciones judiciales.
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