El pasado jueves se realizó una reunión de la plana mayor de la Policía Provincial, en la cual el Comisario General (R) Roberto Barbero, citó a los comisarios Enríquez, Orellana, González y Cruz.Allí Barbero informó de su salida por cuestiones “de salud”, tras lo cual notificó a los presentes de la designación en su reemplazo de su esposa, la Comisario General María Alejandra Soria.Ello motivó la protesta y el disconformismo de algunos de los presentes, entre ellos el Comisario Mayor Carlos Orellana, Jefe de Investigaciones de la ciudad de Ushuaia, quien al día siguiente presentó su renuncia, en una decisión que decididamente no lo favorecerá en lo económico, ya que para fin de año estaba previsto su ascenso a Comisario General, y a las puertas una jubilación mucho mas importante de la que recibirá en estas circunstancias.Ello marca el nivel de disconformismo con la decisión, mas allá de que Orellana todavía continúa en actividad a la espera de que la Comisario Soria le acepte la renuncia.Según trascendió, esta reunión tuvo varios momentos de ardua discusión entre Barbero y Orellana, a partir de que la decisión fue tildada de “unilateral” e “inconsulta”, según las fuentes consultadas. Incluso según las versiones colectadas, Barbero se atribuyó la decisión de poner a su esposa al frente de la institución, contrariando ello a la versión del propio gobernador, quien señaló haber llevado adelante la designación de Soria “por sus aptitudes”, sin precisar esas virtudes que todavía nadie conoce. No se respetó el orden jerárquicoOtro de los motivos del descontento es que la salida de Barbero, debía tener como reemplazo natural al Comisario General Daniel Enríquez, quien lo seguía en la cadena de mando, y fue salteado para poder beneficiar a la pareja del saliente jefe.En tal caso Enríquez fue apartado de su función, habida cuenta que no puede estar bajo el mando de la Comisario Soria, que es de menor jerarquía por su antigüedad, situación que incluso habría motivado el malestar en este comisario al tener que interrumpir abruptamente su carrera en la institución.Esta irresponsable designación que solo servirá para engrosar la jubilación de Soria, con solo un mes de designación en su jefatura, no hace mas que complicar el panorama de la futura gestión de gobierno que asumirá con una institución policial con su cúpula en crisis.Incluso a la salida de estos comisarios, trascendió que se estarían solicitando retiros obligatorios a otros comisarios, como un verdadero “pase de factura” para aquellos oficiales que no estuvieron de acuerdo con esta designación, por lo que el futuro gobierno del ARI volverá a encontrar a la cúpula policial desmembrada, tal cual ocurriera años atrás en el traspaso de gestiones. Policías presentan reclamos masivos por irregularidades en las calificaciones realizadas que afectan la escala de ascensos
Una importante cantidad de efectivos policiales de distintas jerarquías han presentado recursos de reconsideración contra el voto del Tribunal de Calificaciones que evaluó el desempeño de los agentes en el período 2006/2007. Entre los argumentos para las presentaciones se encuentran la irregular conformación del Tribunal y la falta de reglamentación por parte del Ejecutivo provincial de la ley 735 de personal policial, condición indispensable para poder calificar y evaluar al personal, como así también determinar el pase a retiro de al menos 30 efectivos.
Gonzalo García, abogado patrocinante de los efectivos policiales, explicó que “el tema es grave debido a que tanto los votos emitidos, como consecuentemente también las listas confeccionadas para los ascensos como consecuencia de las calificaciones emitidas resultan totalmente nulas por causa de groseras inobservancias de los requisitos esenciales para tales actos administrativos”.
“En principio y mas allá de las particularidades de cada caso, existen y así las hemos planteado por vía impugnatoria, objeciones comunes y generales para todos los votos, debido a que el Tribunal de Calificaciones se ha integrado sin respetar, en el caso de los votos de calificaciones correspondientes al cuadro de suboficiales, lo establecido imperativamente por el articulo 54º de la nueva Ley Nº 735 de personal policial, es decir, que el Tribunal debió integrarse con un 50% de suboficiales que revistan la mayor jerarquía y antigüedad al momento de conformarse el Tribunal”, sostuvo.
Aclaró que “el problema no se limita solo a este cuadro mencionado, sino también se extiende al cuadro de oficiales en la medida que tampoco se respeto en este caso la composición establecida por el artículo 319º del decreto PEN Nº 1866/83 aplicable a este supuesto, ya que aquí se constituyo solo un Triunvirato calificador cuando el artículo mencionado establece bien otra cosa”.
Además, mencionó que “para todos los casos han sido objetados los votos en tanto han hecho aplicación de figuras que aun no se encuentran reglamentadas debido a que el Poder Ejecutivo Provincial ha incumplido su obligación de dictar la reglamentación de la Ley Nº 735 dentro del plazo de 90 días de sancionada la misma, a contar del 18 de enero de 2007 fecha en la cual este dispositivo legal entro en plena vigencia”.
Incluso, consideró “un agravio” la confección y publicación de las listas de calificaciones “apresuradamente el día 26/10/2007, es decir con anterioridad a que adquieran firmeza y estabilidad los votos del Tribunal de Calificaciones, antes de que venciera el plazo de 3 días con que ha contado el personal policial para impugnar los votos viciados de nulidad”.
Ante todo esto, informó que “se ha solicitado expresamente que se declaren nulos los votos de calificaciones y se anulen las listas correspondientes, y luego se proceda a la integración de un nuevo Tribunal de Calificaciones, consecuentemente se proceda a emitir nueva calificación ajustada a derecho, y solo una vez resueltas las impugnaciones se proceda a confeccionar nuevas listas de calificaciones”.
Por otra parte, el abogado expresó que “esto ha sido solicitado por decenas de personal policial durante los días transcurridos la semana pasada”.
Cabe aclarar que las calificaciones otorgadas a los efectivos y que fueran impugnadas alteran el tablero de ascensos, particularmente en la cúpula de la pirámide, además de “considerarse ilegítima la decisión de pasar a retiro a unos 30 policías declarados prescindibles sin causa que lo justifique”, expresó García.
Una importante cantidad de efectivos policiales de distintas jerarquías han presentado recursos de reconsideración contra el voto del Tribunal de Calificaciones que evaluó el desempeño de los agentes en el período 2006/2007. Entre los argumentos para las presentaciones se encuentran la irregular conformación del Tribunal y la falta de reglamentación por parte del Ejecutivo provincial de la ley 735 de personal policial, condición indispensable para poder calificar y evaluar al personal, como así también determinar el pase a retiro de al menos 30 efectivos.
Gonzalo García, abogado patrocinante de los efectivos policiales, explicó que “el tema es grave debido a que tanto los votos emitidos, como consecuentemente también las listas confeccionadas para los ascensos como consecuencia de las calificaciones emitidas resultan totalmente nulas por causa de groseras inobservancias de los requisitos esenciales para tales actos administrativos”.
“En principio y mas allá de las particularidades de cada caso, existen y así las hemos planteado por vía impugnatoria, objeciones comunes y generales para todos los votos, debido a que el Tribunal de Calificaciones se ha integrado sin respetar, en el caso de los votos de calificaciones correspondientes al cuadro de suboficiales, lo establecido imperativamente por el articulo 54º de la nueva Ley Nº 735 de personal policial, es decir, que el Tribunal debió integrarse con un 50% de suboficiales que revistan la mayor jerarquía y antigüedad al momento de conformarse el Tribunal”, sostuvo.
Aclaró que “el problema no se limita solo a este cuadro mencionado, sino también se extiende al cuadro de oficiales en la medida que tampoco se respeto en este caso la composición establecida por el artículo 319º del decreto PEN Nº 1866/83 aplicable a este supuesto, ya que aquí se constituyo solo un Triunvirato calificador cuando el artículo mencionado establece bien otra cosa”.
Además, mencionó que “para todos los casos han sido objetados los votos en tanto han hecho aplicación de figuras que aun no se encuentran reglamentadas debido a que el Poder Ejecutivo Provincial ha incumplido su obligación de dictar la reglamentación de la Ley Nº 735 dentro del plazo de 90 días de sancionada la misma, a contar del 18 de enero de 2007 fecha en la cual este dispositivo legal entro en plena vigencia”.
Incluso, consideró “un agravio” la confección y publicación de las listas de calificaciones “apresuradamente el día 26/10/2007, es decir con anterioridad a que adquieran firmeza y estabilidad los votos del Tribunal de Calificaciones, antes de que venciera el plazo de 3 días con que ha contado el personal policial para impugnar los votos viciados de nulidad”.
Ante todo esto, informó que “se ha solicitado expresamente que se declaren nulos los votos de calificaciones y se anulen las listas correspondientes, y luego se proceda a la integración de un nuevo Tribunal de Calificaciones, consecuentemente se proceda a emitir nueva calificación ajustada a derecho, y solo una vez resueltas las impugnaciones se proceda a confeccionar nuevas listas de calificaciones”.
Por otra parte, el abogado expresó que “esto ha sido solicitado por decenas de personal policial durante los días transcurridos la semana pasada”.
Cabe aclarar que las calificaciones otorgadas a los efectivos y que fueran impugnadas alteran el tablero de ascensos, particularmente en la cúpula de la pirámide, además de “considerarse ilegítima la decisión de pasar a retiro a unos 30 policías declarados prescindibles sin causa que lo justifique”, expresó García.
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