La jueza María Cristina Barrionuevo procesó a ex funcionarios de la gestión de Hugo Cóccaro por haber falsificado un expediente con el objeto de justificar la adquisición de 100 mil litros de pintura que fueron destinados a mejorar el aspecto estético de los establecimientos educativos de la provincia.
Barrionuevo procesó al ex ministro de Obras Públicas Omar Deluca y al ex secretario de Infraestructura Osvaldo Colombera por el presunto delito de falsificación de documento público. También fueron procesados en la causa Patricio Lambert, Juan Eduardo Galego y Victorino Moya (subsecretario de Infraestructura).
A todos se les imputa el delito de falsificación de instrumento público y falsedad ideológica, por lo que la magistrada decidió trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 10 mil pesos cada uno.La jueza responsabilizó a los funcionarios públicos de haber formalizado un expediente con documentación y fechas apócrifas y por ello todos resultaron coautores del delito mencionado.
En la resolución, Barrionuevo sostiene que Lambert y Galego "fueron los encargados de armar una licitación privada para la compra de pintura" y que esta actividad no la podía desconocer el entonces ministro de Obras Públicas, Omar Deluca.
A su entender se pudo comprobar en la causa que la primera orden de compra se libró el 26 de febrero, pero quedó acreditado que durante la primera quincena de ese mes ya habían entregado latas de pintura, "actuando como intermediario entre el comercio y el gobierno" Victorino Moya quien conocía a la perfección que mientras él solicitaba las pinturas a la empresa, en el Gobierno intentaban "armar" el expediente del cual el nombrado "también tuvo participación".
Para la Jueza de Instrucción, Osvaldo Colombera no era ajeno al armado del expediente, aportando esos falsos informes técnicos a los fines de regularizar una situación a todas luces irregular, tendientes a plasmar en el expediente las decisiones ya tomadas y ejecutadas. También resultan falsos los informes técnicos, ya que estos no se hicieron para el expediente referido a la compra de pinturas, sino para otras actuaciones administrativas donde se mencionaban las necesidades de cada establecimiento educativo de la provincia.
En la causa también estaban imputados el comerciante del rubro pinturería Marcelo Liporace y el encargado de depósito, Carlos Luquez, aunque fueron sobreseídos atento que en la causa quedó demostrado que estos cumplieron con el abastecimiento del material y no fueron partícipes de una maniobra delictiva.
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